La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general, con 144 votos, el proyecto de “Ley Ómnibus”. Una norma que de sancionarse otorgaría facultades al Poder Ejecutivo, que propone privatizar empresas públicas y negociar con los bienes comunes, entre otros puntos. El texto fue aprobado por el oficialismo en complicidad con parte de la oposición y el próximo martes se debatirá, punto por punto, cada uno de sus artículos antes de ser girado al Senado.
Por Redacción Marcha / Foto de portada: Susi Maresca
En medio de una represión feroz, la “Ley Ómnibus” fue aprobada esta tarde en la Cámara de Diputados y será tratada el próximo martes 6 de febrero. Este proyecto, reúne los principales objetivos políticos y económicos que piensa impulsar Javier Milei para desmembrar la soberanía popular. Se trata, también, de una ley que privilegia a gran parte de los grupos concentrados del poder económico local y multinacional. Empresas que el Ejecutivo necesita a su lado para impulsar la captura del Estado y un plan de desestabilización.
Febrero de 2024 será recordado entre las fechas más tristes para el Congreso de la Nación así como para todo el pueblo argentino. Allí, una parte de sus legisladores decidió ser cómplice con una serie de medidas que, incluso luego de su votación, aún no se conocen con claridad. Lo que sí se sabe es que entre el conjunto de los artículos negociados se encuentra la privatización de empresas nacionales, la aprobación de reformas más punitivistas para el Código Penal, la restricción de libertad de expresión y del derecho a la protesta, la entrega de los bienes comunes y culturales de los pueblos, la flexibilización laboral y, como quedó demostrado, mucha más represión para quienes se oponen.
Además del PRO, de quiénes ya no esperamos nada. El interbloque denominado “Hacemos Coalición Federal” integrado por legisladores y legisladoras de los partidos “Cambio Federal”, “Republicanos Unidos”, “Coalición Cívica” y “Hacemos por Córdoba”, son quienes avalaron los métodos antidemocráticos impulsados por “La Libertad Avanza” durante los últimos 50 días de su gobierno. Y son, en su mayoría, quienes decidieron frente al balotaje del 19 de noviembre transferirles su caudal electoral que hizo la diferencia en el triunfo de Javier Milei. Estos partidos, que se mostraron muy preocupados por los valores democráticos durante el debate, eligieron colaborar con un gobierno que anhela convertirse en un régimen autoritario. Pero los pueblos no olvidan.
El bloque del Ejecutivo no podría haber logrado los números para la aprobación de esta media sanción ya que no cuenta con un número considerable en el Congreso que le permita realizar aprobaciones automáticas. Y es que “el presidente más votado en la historia” ganó en la segunda vuelta electoral gracias a éstos armados políticos que ahora deambulan desconcertados entre el oficialismo y la oposición. Su única brújula les indica la orientación política necesaria para distanciarse del peronismo, aunque esto signifique avalar negacionistas.
Ciertamente ese “56% electoral” tan aclamado por el Ejecutivo y el paraoficialismo, no se transforma automáticamente en respeto y legitimidad. Por el contrario, la aceptación política se construye con las decisiones de gestión. Decisiones capaces de aliviar el bolsillo y las vidas de quienes habitan los territorios, políticas concretas y directas que evidencien su liderazgo más allá de la lógica de las redes sociales. Este rechazo se pudo ver claramente en el masivo Paro General del pasado 24 de enero, una jornada federal e intersectorial que sorprendió con su nivel de acción y articulación.
La guita no alcanza. El hambre nos pisa los talones y desde el Ejecutivo el gesto es cortar el envío de alimentos a los comedores populares y además reprimir a quienes reclaman ayuda y la restitución de políticas alimentarias. “El esfuerzo” para sacar el país adelante encontrará un límite porque no alcanza para sostener la vida cotidiana: ya sea para comer o para pagar el transporte para ir a trabajar. A medida que veamos desvanecer los salarios (para quienes lo perciben), seguramente veremos desvanecer la legitimidad del gobierno y también, de las fuerzas del cielo. Que serán reemplazadas por las de siempre: las manos obreras. Las del pueblo con conciencia de sí.
Una “Ley Ómnibus” que se debatió durante un mes, que tuvo sesiones informativas y que empezó siendo conformada por 600 artículos que buscaban sentar bases y principios para la reforma del Estado pero que terminó siendo un alegato para la libertad de los grupos concentrados de poder ya que, en lo concreto del tratamiento -o mejor dicho en la negociación para el dictamen de mayoría- quedaron afuera más de 300 de esos postulados.
Un marco de negociaciones teñido de ilegalidad ya que se denunciaron reuniones fuera del parlamento y difusión a discrecionalidad del texto del proyecto de ley a medios y periodistas afines al oficialismo y al paraoficialismo antes que a las y los legisladores de los bloques opositores. En un rol protagónico de una supuesta oposición que en nombre de la “gobernabilidad” ayudó a la sanción más al ejecutivo que el propio presidente y su gabinete.
Un texto que pretende ser gobierno ya que, ¿quién gobierna de esta forma? Una captura del Estado total por parte de los poderosos que se traducirá en destrucción. Unas facultades delegadas para decretar ante la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Y no habrá circo de perros o novias alquiladas, reuniones con CEOs o discursos baratos que puedan compensar la desilusión que provocará la crueldad ante el voto que definió el pueblo.
